Staff/LetrasProhibidas
CIUDAD DE MÉXICO. —La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de las acusaciones del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, quien calificó al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como un preso político del actual gobierno, al asegurar que su administración no utiliza las instituciones de procuración de justicia con fines políticos.
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 27 de julio, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada de manera directa sobre si, como sugirió el líder blanquiazul, su gobierno emplea políticamente a las instituciones de justicia. La respuesta de Sheinbaum fue categórica: “No, falso, absolutamente falso”.
La jefa del Ejecutivo federal defendió el proceso que enfrenta Ruffo Appel al señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con “muchísimas pruebas” relacionadas con el presunto esquema de huachicol fiscal en el que estaría implicado el exgobernador bajacaliforniano. Insistió, además, en que el caso trasciende a una sola persona, pues hay “por lo menos ocho detenidos” vinculados a una red de contrabando de combustible que, dijo, constituye un fraude en perjuicio del Estado mexicano y de la población.
Las declaraciones presidenciales se dan luego de que Jorge Romero acusara que la ausencia de elementos sólidos para sostener que Ruffo Appel lideró una red de huachicol fiscal, aunado a su ingreso a un penal de máxima seguridad, son prueba de que el también fundador del PAN es víctima de una persecución política orquestada desde la llamada Cuarta Transformación. “Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, declaró el dirigente panista.
Con este intercambio de acusaciones, el caso de Ernesto Ruffo Appel se consolida como un nuevo punto de fricción entre el gobierno federal y la cúpula nacional de Acción Nacional, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias sobre el esquema de contrabando de combustibles que involucra al exgobernador y a los demás detenidos.
