Staff/Letras Prohibidas
MÉXICO. -La prohibición de vender comida chatarra en las escuelas mexicanas ya tiene una nueva pregunta encima de la mesa, y no es menor: ¿qué pasa cuando los estudiantes ya son adultos? La SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) aceptó revisar un caso sobre alimentos con sellos de advertencia en universidades, donde la protección de la salud tendrá que medirse frente al libre desarrollo de la personalidad… ¡Zaaas culebra!
De acuerdo con un reporte de Animal Político, el Pleno aprobó por seis votos contra tres reasumir competencia en el asunto 138/2026, ligado al amparo en revisión 762/2025. Pero calma, que no cunda el pánico ni la fiesta: la decisión sólo permite estudiar el expediente. Todavía no significa que la Corte haya tumbado la prohibición ni que haya dado luz verde para regresar los chicharrones a las cafeterías universitarias… ¡Tsss!
OJO AL DATO, dijo el garabato: el caso fue enviado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y su peso está en definir si estas restricciones son constitucionales en instituciones de educación superior, considerando tres frentes: el derecho a la salud, la libertad de comercio de los planteles y las decisiones personales del alumnado.
El ministro GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA explicó, según el mismo medio, que primero deberá revisarse si las universidades privadas tienen interés legítimo para impugnar los lineamientos. Si lo acreditan, entonces sí se podrá entrar al fondo y analizar si las medidas se justifican para una comunidad integrada principalmente por mayores de edad.
Y aquí está el detalle que hace distinto este pleito de otros. En esta ocasión no reclama un proveedor que quiere recuperar su punto de venta, sino una institución educativa que plantea posibles efectos sobre los derechos de sus propios estudiantes. Es decir, la discusión va más allá del negocio de la fritanga… ¡Chúpale pichón!
Conviene recordar que la regla no es exclusiva de las primarias. Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2024 abarcan todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, públicas y particulares, incluida la educación superior. Restringen la preparación, distribución y venta de productos preenvasados con sellos o leyendas precautorias, además de otras categorías de alimentos.
El alcance es amplio, pues también incluye productos a granel y preparaciones caseras con ciertos ingredientes en exceso. Eso sí, el debate se limita a lo que se ofrece dentro de los planteles; nadie está hablando de prohibir que un estudiante compre sus papitas en la tiendita de la esquina.
El origen de todo está en la reforma educativa publicada el 20 de diciembre de 2023, que facultó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para emitir criterios sobre los alimentos en toda escuela, y dejó en manos de directivos y autoridades escolares la aplicación y vigilancia de la medida.
Sin embargo, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible marca una diferencia que podría pesar en la balanza. Contempla promover prohibiciones en educación básica, pero para el nivel medio superior y superior sólo dispone que las instituciones fomenten alimentos adecuados, de preferencia locales y accesibles. Además, incorpora el respeto a la autonomía universitaria… ¡Santas Batirealidades!
EN CONCRETO, dijo el albañil: esta política ya trae varias batallas judiciales en el lomo. En su boletín del 28 de marzo de 2025, la SEP recordó que los lineamientos entrarían en vigor al día siguiente y pidió informar a quienes venden alimentos en las escuelas. La medida transformó la oferta de las cooperativas escolares, y durante 2025 la dependencia presumió 26 sentencias favorables en tribunales. A ello se suma el litigio relacionado con Coca-Cola, cuyo expediente también fue propuesto para revisión de la Corte.
Los antecedentes, por cierto, piden lupa. En una aclaración publicada por La Jornada, el Cinvestav negó haber promovido acciones legales, aunque el reportero señaló que un proyecto judicial mencionaba a una entidad con ese nombre… ¡Ay nanita!
Ahora, la Corte tendrá que resolver un problema muy puntual: hasta dónde puede llegar el Estado cuando los destinatarios de la regulación no son niños, sino universitarios adultos que, en teoría, ya pueden decidir qué se llevan a la boca… ¡Ostias tío de la Virgen santa!
