Clemente Zapata M./LetrasProhibidas
ALTAMIRA, Tamaulipas. —El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) impuso una amonestación pública al alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, al acreditar parcialmente una irregularidad relacionada con la promoción anticipada de su informe de labores.
El consejero presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, informó que en la sesión más reciente se resolvieron tres procedimientos sancionadores. Dos de ellos correspondían a la zona sur del estado y estaban relacionados con el edil altamirense.
En el primer expediente contra Martínez Manríquez se determinó la inexistencia de las conductas denunciadas. En el segundo se acreditó parcialmente la falta vinculada con la difusión adelantada de su informe, lo que derivó en la amonestación pública. Ramos Charre precisó que la sanción no incluye una multa económica.
El consejero presidente explicó que el instituto revisa alrededor de 15 procedimientos especiales sancionadores por presuntas violaciones a la normativa electoral. Algunos están pendientes de resolución y otros se encuentran en la etapa de integración de pruebas y diligencias de investigación.
Ramos Charre rechazó que exista rezago en la atención de estos asuntos. Argumentó que cada expediente tiene particularidades propias, por lo que el tiempo de resolución depende de las pruebas aportadas y de las investigaciones necesarias.
Entre las conductas denunciadas con mayor frecuencia ante la autoridad electoral mencionó la violencia política contra las mujeres en razón de género y la promoción personalizada de servidores públicos.
También citó los actos anticipados de precampaña y campaña, las irregularidades en propaganda político-electoral y las faltas a la protección del interés superior de la niñez.
El funcionario señaló que uno de los principales retos del IETAM es llegar a la jornada electoral con el menor número posible de procedimientos pendientes. La prioridad, dijo, son aquellos que podrían afectar la equidad de la contienda.
Finalmente, reiteró el llamado a partidos políticos y actores públicos para que respeten la legislación electoral y eviten conductas que puedan derivar en sanciones.
