Clemente Zapata M./LetrasProhibidas
CIUDAD MADERO, Tamaulipas. —Padres de familia se manifestaron este lunes en el exterior del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Luz Estela Céspedes García”, ubicado en la colonia Francisco Villa de esta localidad, para exigir a las autoridades educativas investigar diversos señalamientos relacionados con el presunto maltrato hacia alumnos con discapacidad.
Los inconformes señalaron directamente a una docente identificada como Norma Alicia Juárez Lara, a quien atribuyen presuntas agresiones y malos tratos hacia estudiantes.
Los padres aseguraron que existen antecedentes de quejas presentadas ante la dirección del plantel, el Centro Regional de Educación Especial (CREDE) y la Supervisión Escolar, sin que, según su versión, se hayan obtenido respuestas satisfactorias.
Durante la protesta, algunos padres expusieron casos particulares y afirmaron que sus hijos habrían presentado lesiones o situaciones que consideran irregulares después de permanecer en el plantel.
Entre los testimonios destacó el de la madre de un menor con parálisis cerebral infantil, quien relató que la propia docente le habría reconocido un episodio en el que tomó al niño de la nuca y lo empinó hacia el piso para que recogiera un objeto del suelo.
Los manifestantes aclararon que no buscan que se condene a ninguna persona sin una investigación previa, sino que las autoridades educativas revisen los señalamientos y determinen si existe alguna responsabilidad.
Otro de los principales reclamos de los padres está relacionado con la instalación de cámaras de videovigilancia dentro del plantel, medida que consideran necesaria debido a que algunos alumnos presentan dificultades para comunicarse verbalmente y, por ello, podrían tener mayores complicaciones para informar oportunamente alguna situación de riesgo.
De acuerdo con los manifestantes, la instalación del sistema de cámaras requeriría una inversión aproximada de 250 mil pesos, por lo que solicitaron que se analice la posibilidad de utilizar recursos disponibles del plantel o, en su defecto, buscar una alternativa que permita reforzar la seguridad de los estudiantes.
Los padres también expresaron inconformidad con integrantes de la Asociación de Padres de Familia, a quienes señalaron de haberse pronunciado en contra de destinar recursos para este propósito.
Asimismo, cuestionaron el manejo de las aportaciones económicas y denunciaron que una cuota de mil 600 pesos, presentada como voluntaria, funcionaría de manera presunta como condicionante para la entrega de documentación escolar.
Ante estos señalamientos, los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades educativas y de las instancias correspondientes para que se realice una investigación formal, se escuche a las familias afectadas y se determinen las medidas necesarias para garantizar la integridad de los estudiantes.
Los manifestantes insistieron en que su principal petición es contar con un entorno seguro para los menores y que cualquier acusación sea esclarecida mediante las vías institucionales correspondientes.
