Staff/Letras Prohibidas
MÉXICO. –El reporte financiero más reciente de Pemex confirma el peor golpe en ocho años por sustracción ilegal de combustibles: 9 mil 180 millones de pesos perdidos entre abril y junio. Expertos advierten que el fenómeno ya no es solo huachicol tradicional, sino un entramado de contrabando técnico y evasión fiscal.
El robo de combustibles de los ductos y pipas de Pemex —el conocido huachicol tradicional— provocó el deterioro más grave que ha registrado la petrolera en los últimos ocho años.
De acuerdo con el más reciente reporte financiero de la empresa que encabeza Juan Carlos Carpio Fragoso, la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diesel y turbosina dejó una pérdida operativa de 9 mil 180 millones de pesos entre abril y junio, la cifra más alta desde 2018. Eso equivale a perder 101 millones de pesos diarios, un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año pasado, pese al combate de las autoridades contra la ordeña ilegal y el contrabando.
El director general de Edge Innovation, Víctor Hugo Juárez Cuevas, explicó que la cantidad sustraída ilegalmente representa un producto que Pemex deja de vender, y que alimenta un mercado negro donde las gasolineras que lo comercializan ofrecen precios muy por debajo incluso de las cotizaciones en las terminales de almacenamiento y reparto.
“Con el huachicol se sigue afectando a los ductos de Pemex y obviamente esto se hace con la participación de funcionarios que están involucrados, incluyendo el sindicato. También en las terminales de almacenamiento y reparto entregan pipas que no salen directamente o apartan petrolíferos que no se contabilizan en las ventas de Pemex”, dijo durante una entrevista con este diario.
Pero la sustracción directa —la que sí logra contabilizar en sus estados financieros— no es el único frente. Pemex enfrenta también el llamado huachicol fiscal, es decir, el contrabando de combustibles bajo otra fracción arancelaria para pagar menos impuestos, además de las mezclas ilegales que terminan suministrándose en estaciones de servicio.
El consultor de QUA Energy, Marcial Díaz Ibarra, señaló que el delito evolucionó hacia esquemas sofisticados de contrabando técnico, evasión fiscal y manipulación de la cadena logística.
“A pesar de los esfuerzos del gobierno federal en materia de decomisos, cateos y detenciones, la sustracción ilegal de hidrocarburos sigue erosionando con fuerza las finanzas públicas“, comentó a El Gran Diario de México.
“Cada litro de combustible vendido en la ilegalidad representa una triple pérdida para el país: se elimina el valor del producto para Pemex, se evade el cobro de impuestos clave (IEPS e IVA) y se restringe la capacidad de la empresa para invertir en infraestructura, exploración y refinación. A su vez, esto presiona el presupuesto nacional y limita la disponibilidad de recursos para inversión pública”, agregó el analista.
Desde su perspectiva, la lucha contra el huachicol debe consolidarse como una política de recuperación fiscal y protección del patrimonio energético. “La efectividad de las acciones estatales será clara únicamente cuando las pérdidas económicas disminuyan de manera sostenida, se recupere la recaudación tributaria y se restablezca la competencia justa para el mercado formal”, opinó Marcial Díaz Ibarra.
El año pasado, la Fiscalía General de la República arrancó una investigación sobre el huachicol fiscal que apunta directamente a almirantes de la Secretaría de Marina y a sobrinos del titular de la institución, Rafael Ojeda Durán, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las acusaciones no han escalado ni se han abierto nuevas líneas de investigación.
A los problemas de inseguridad se suma que la petrolera arrastra riesgos operativos, una caída en la extracción de crudo y una deuda que, en conjunto con proveedores, asciende a 100 mil millones de dólares.
