Clemente Zapata M./LetrasProhibidas
CIUDAD MADERO, Tamaulipas. —El afectado, identificado como Jesús Alberto Martínez Salas, acompañado por su madre, la señora Blanca, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado con sede en este municipio para exigir una investigación formal contra el Instituto Interamericano de Tamaulipas.
El estudiante detalló que lleva un año en espera de un documento legítimo por parte de los directivos, por lo que ante la falta de respuesta exige la entrega inmediata de una certificación válida por las autoridades educativas o, en su defecto, el reembolso total del dinero invertido.
La problemática escaló al terreno judicial debido a que el documento apócrifo impidió que Martínez Salas concretara su inscripción universitaria programada para el próximo mes de agosto.
Según lo expuesto por los afectados tras salir de una diligencia, la institución ya recibió los citatorios correspondientes por parte del Ministerio Público, sin embargo, los representantes legales del colegio privado no se presentaron a la primera audiencia conciliatoria programada por la autoridad ministerial.
El daño económico reportado por la familia asciende a un pago directo de 7 mil 500 pesos por la supuesta emisión del certificado, cifra que se eleva a cerca de 35 mil pesos al contabilizar las colegiaturas del ciclo escolar, materiales y gastos de traslado realizados durante el periodo de estudios.
La madre del joven lamentó la situación y urgió la intervención de la Fiscalía para agilizar el caso, destacando el esfuerzo familiar y el hecho de que su hijo combinaba los estudios con jornadas laborales en sus tiempos libres para poder costearse la educación.
A través de esta acción legal y su difusión pública, las víctimas buscan alertar a otros padres de familia y estudiantes de la zona conurbada para evitar que caigan en el mismo esquema de engaño con la oferta educativa de dicho plantel.
El expediente continuará su curso en la delegación regional de la Fiscalía, donde se espera que los representantes de la escuela sean requeridos mediante nuevos apercibimientos de ley para responder por los delitos que resulten.
